¿Estamos reformando el mercado de valores o simplemente cambiando sus reglas?
La Asamblea Nacional tramita una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, particularmente al Libro II, Ley de Mercado de Valores. Entre sus principales propuestas se encuentra una nueva regulación del segmento extrabursátil y de quienes participan en él.
Sin embargo, toda reforma debería responder primero a una pregunta elemental: ¿qué problema pretende resolver y cómo contribuye a construir un mejor mercado?
El mercado de valores cumple una función esencial: conectar a quienes necesitan financiamiento con quienes buscan invertir sus recursos. Para cumplir esa función debe garantizar transparencia, publicidad, información clara, veraz y oportuna, así como condiciones equitativas para sus participantes.
Desde esta perspectiva, la existencia de un mercado bursátil y otro extrabursátil no constituye, por sí misma, un problema. No todas las operaciones deben realizarse necesariamente a través de una bolsa de valores. Pero cualquier segmento del mercado debe contar con reglas claras, información suficiente y mecanismos que permitan una adecuada formación de precios y protección del inversionista.
En 2019 se planteó una alternativa que merece ser reconsiderada. El denominado mercado mostrador contemplaba que los valores estuvieran previamente inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores y que las transacciones se realizaran mediante una plataforma sometida a regulación. Con ello se preservaba la diferencia entre el mercado bursátil y el extrabursátil, pero se evitaba que este último se convierta en un espacio paralelo, carente de transparencia y de información adecuada.
Otro aspecto que merece especial atención es la participación de los inversionistas institucionales. Su función natural es adquirir valores para la conformación y administración de sus propios portafolios. Convertirlos en intermediarios de valores supone desdibujar la diferencia entre quien invierte y quien desarrolla actividades destinadas a vincular oferta y demanda.
La intermediación financiera y la intermediación de valores responden a actividades distintas y requieren reglas, controles y responsabilidades específicas. Confundir estos roles puede generar problemas regulatorios y abrir espacios para el arbitraje normativo.
Toda iniciativa destinada a fortalecer el mercado de valores merece ser analizada y discutida. Pero el debate no debería concentrarse únicamente en los intermediarios.
La verdadera pregunta es otra: ¿qué reforma necesita Ecuador para que más empresas puedan financiarse a través del mercado de valores y para que más ciudadanos puedan participar como inversionistas?
Una verdadera reforma no debería limitarse a redistribuir competencias o redefinir participantes. Debería crear las condiciones para construir un mercado más profundo, transparente, accesible y confiable.
Solo entonces podremos decir que no estamos simplemente modificando una ley, sino construyendo un mercado de capitales capaz de impulsar el crecimiento económico, democratizar la inversión y generar mayor prosperidad para el país.