¿Competencia o Arbitraje Regulatorio? Los Riesgos Ocultos en la Intermediación Bursátil
La arquitectura del mercado de capitales ecuatoriano se ha consolidado sobre los pilares de la transparencia, la trazabilidad de las operaciones y la idoneidad profesional de sus actores. En el marco del debate sobre la reforma al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), la propuesta de incorporar nuevos participantes a las actividades de intermediación bursátil plantea desafíos estructurales para el sector. Si bien la competencia dinamiza los mercados, esta debe desarrollarse bajo el principio regulatorio de “misma actividad, mismo riesgo, mismas reglas y supervisión equivalente”. Romper la especialización funcional de la intermediación entraña severos riesgos de conflicto de interés, arbitraje regulatorio y deterioro en la formación transparente de precios.
La gestión de portafolios y la ejecución de órdenes exigen elevados estándares de capacitación y responsabilidad fiduciaria. Actualmente, el ecosistema bursátil ecuatoriano cuenta con la infraestructura de 32 Casas de Valores vigentes (segun SCVS) y una red técnica de 164 Operadores de Valores calificados (segun SCVS). Estos profesionales han debido superar estrictos exámenes periódicos de idoneidad ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Permitir que personal no especializado de la banca tradicional u otros actores intermedien valores sin exigirles estándares equivalentes de acreditación introduce un alto riesgo de idoneidad técnica y moral, afectando la protección al inversionista y la fe pública en el mercado.
A este riesgo se suma la vulnerabilidad por integración vertical. La intermediación especializada a través de Casas de Valores actúa como un cortafuegos esencial para mitigar la autocontratación. Si se faculta a entidades de la banca múltiple para intermediar directamente, surge el riesgo de que una misma entidad libremente estructure, emita o adquiera activos de renta fija mediante sus tesorerías o esquemas de triangulación. Esto distorsiona la neutralidad de la postura bursátil, opaca la curva de rendimientos y fragmenta la liquidez hacia canales no estandarizados. Además, genera una desregulación asimétrica, pues los nuevos competidores ejercerían la actividad sin asumir los costos ni las exigencias patrimoniales, de control y autorregulación que la ley impone a las Casas de Valores.
Frente a esta coyuntura, la postura del sector no es opuesta a la modernización, sino defensora de la solidez del mercado. Para masificar la distribución sin desregular, la solución consiste en preservar el Principio de Especialización Funcional, manteniendo a las Casas de Valores como las entidades exclusivas para la intermediación de valores inscritos en el CPMV. Si se busca aprovechar la red comercial bancaria, Ecuador debería adaptar las mejores prácticas regionales, como el Modelo de «Uso de Red» regulado en Colombia (Decreto 2555 de 2010), donde los bancos actúan únicamente como canales de distribución o ventanillas para las comisionistas, prohibiendo la intermediación contra balance propio y exigiendo que todo asesor esté certificado por un ente independiente. En conclusión, el desarrollo del mercado de valores exige fortalecer instituciones especializadas e idóneas; debilitarlas significaría un grave retroceso en la protección al inversionista.