La pregunta de fondo es inevitable: ¿queremos más opacidad o mayor transparencia?
Nuevamente, el Mercado de Valores ecuatoriano se ve golpeado por la falta de una política pública específica de largo plazo, lo que ha dado lugar a permanentes reformas, muchas de ellas inconsultas y, en consecuencia, a una constante inseguridad jurídica.
Muchas de ellas no han guardado coherencia con los principios fundamentales que rigen esta industria y han plasmado intereses particulares o, lo que es aún más grave, intereses políticos.
El actual Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, otra vez pone sobre la mesa temas que, en algunos casos, son favorables y de legítimo interés para los partícipes del mercado y para el país; pero otros carecen de técnica y llevan a los productos, a las Bolsas de Valores y a las Casas de Valores a un escenario incierto y, con alta probabilidad, de destrucción.
Si el Estado crea un Mercado Extrabursatil / de Mostrador / Over the Counter/ para negociar sus propios valores y, si se fragmenta el mercado en varias plataformas y partícipes, surgen algunas incertidumbres: ¿Cómo se generará la información de las transacciones y de sus precios? ¿Dónde se concentrará y cuál será el emisor y el vehículo para que esa información sea realmente pública, oportuna y simétrica? ¿Cómo se ejercerá el control? ¿Cómo se administrarán los conflictos de interés? Las respuestas que se den a estos cuestionamientos no son menores. Si no existen contestaciones y acciones inmediatas, coherentes y posibles de ejecutar, se atentará contra la esencia de un mercado, porque la información es la base para la construcción de las curvas de rendimiento -en el caso de los títulos públicos- que dan lugar a la estructura de las distintas tasas de interés; y de los vectores de precio, en el caso de los activos financieros del sector privado.
Por otra parte, la fragmentación del mercado privado y de sus intermediarios tiene graves contingencias:
- Se hace caso omiso de la especialización de las diferentes instituciones contempladas en la actual Ley de Mercado de Valores;
- Se derriban las barreras chinas necesarias para separar para separar las diferentes actividades de la industria y evitar los conflictos de interés;
- Implica un mayor costo de supervisión y control, ya sea porque esas plataformas e intermediarios deberán estar sujetas a las normas del mercado organizado y regulado, a las normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otras pertinentes;
O, lo que es peor, no lo estarán, en cuyo caso la afectación a la confianza pública es mayor y se pone en desventaja a quienes sí están regulados y controlados, como son las casas de valores.
Esta visión no surge del interés de centralizar funciones y acaparar comisiones para beneficio económico. Va más allá de eso. Siempre hay que regresar a los fundamentos y principios que sustentan el desarrollo de los mercados y, por lo tanto, a la segmentación por especialización.
Cabe indicar que actualmente el Ministerio de Finanzas no paga comisiones por las transacciones efectuadas y podría mantenerse con el mismo tratamiento, operando en una plataforma probada, regulada y desarrollada acorde con los propios parámetros que el MEF ha requerido.
Los mercados de capitales se alimentan del ahorro a largo plazo. Este tipo de ahorro, en el Ecuador, está monopolizado por el Seguro Social, que, en su calidad de inversionista institucional, interviene de manera marginal en el mercado de capitales privado, inclinándose hacia la inversión en títulos públicos. Esta política pública debilita los esfuerzos de financiamiento para promover el desarrollo de proyectos de largo plazo por parte del sector privado.
También se menciona como argumentos a favor de la reforma el riesgo de contraparte. Una solución para las negociaciones de títulos públicos es el reforzamiento de la post negociación, es decir, que la entrega del dinero y de los valores se efectúe a través del Sistema de Pagos y del Depósito Centralizado del Banco Central del Ecuador.
En el caso de los valores privados que se negocian en las Bolsas de Valores, ya se lo hace. Sin perjuicio de ello se requiere el fortalecimiento de los depósitos centralizados privados y del público que maneja el Banco Central del Ecuador y la existencia de una Central de Contraparte, todos los cuales deben mantener altos estándares internacionales.
El gravísimo asunto que plantea el Proyecto de Reforma es la participación directa de los inversionistas institucionales en la compraventa de valores. Desde hace años se ha presionado por la fusión de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil como la única solución para el desarrollo y crecimiento del mercado de valores ecuatoriano. Se ha insistido en este asunto, incluso bajo la amenaza de que, de no hacerlo, se crearía una Bolsa Pública. Sin embargo, ahora se quiere permitir la participación indiscriminada de varios intermediarios y, lo que es peor, de varias plataformas. Esta es la manera más desastrosa de acabar con el mercado de valores organizado, regulado y controlado. Las Bolsas perderían cerca del 80 % de su transaccionalidad y se crea una pluralidad de mercados paralelos.
No se debe olvidar que actualmente hay importantes esfuerzos y avances para la integración de los mercados regionales, asunto que también se verá interrumpido o al menos afectado si se aprueba el Proyecto de Ley objeto de este análisis.
¿Dónde está el respeto a los principios esenciales del mercado de capitales, como la transparencia, la correcta formación del precio y la información, entre otros?
Hace aproximadamente 12 años, la Bolsa de Valores de Quito C.C., cuando una iniciativa similar a la actual surgió con timidez, presentó a las autoridades un proyecto de Mercado de Mostrador (Over the Counter – OTC) en Bolsa, precisamente para los títulos públicos, que nunca mereció su atención.
Se persiste en lo mismo, sin embargo, la insistencia de la sociedad debe perseverar en que lo que el Ecuador requiere para desarrollar el mercado de capitales es una política pública moderna, acorde con las tendencias de los mercados desarrollados, y no una serie de leyes y reformas que muchas veces no tienen ni la orientación correcta, ni la adecuada practicidad, cuyo efecto indiscutible es agregar más vulnerabilidad a la industria de valores formal y debilitarla.